CRISIS ¿TIEMPOS DE CAMBIO O CAMBIO DE TIEMPOS?
Eco. Marco Peñaloza Bonilla
Ecuador actualmente atraviesa una coyuntura sumamente compleja, la pandemia del COVID-19 ha generado una crisis sanitaria, económica y social, que aún se desconoce sus dimensiones, sin embargo no queda duda alguna que será lapidaria para varios actores de la economía. Previo a la llegada de esta pandemia al Ecuador, los indicadores macroeconómicos presentaban alertas, producto de factores externos como la caída en los precios del barril del petróleo, generada por una pugna entre Arabia Saudita miembro de la OPEP y Rusia por una sobreoferta del crudo, así también del gigante asiático que estaba conociendo y enfrentando el nuevo virus, por lo que disminuyó sus operaciones de comercio exterior.
Desde del 17 de marzo de 2020 en el Ecuador se ha dispuesto la suspensión de la jornada laboral presencial, para contrarrestar el contagio masivo del CORONAVIRUS, exceptuando a las industrias, cadenas y actividades comerciales para garantizar la provisión de alimentos, salud, servicios básicos, exportaciones, productos agrícolas y ganaderos.
Esta disposición ha instado a las empresas de otros sectores económicos al uso de medios tecnológicos para que los empleados puedan desarrollar sus actividades desde casa, en la praxis para muchas industrias y empresas no ha sido aplicable el teletrabajo, por lo que han paralizado totalmente sus operaciones. A este grupo se suma una gran cantidad de comerciantes formales e informales que han visto disminuidas drásticamente sus ventas y su ingreso diario, por la falta de movilidad de personas debido al toque de queda que se ha intensificando conforme se ha profundizado la crisis sanitaria. Esta situación para muchas empresas significará pérdidas cuantiosas y cierres, provocando elevados niveles de desempleo.
La Organización Internacional del Trabajo estimó que el número de desempleados incrementará en un rango del 3 al 13%, este proceso ya ha empezado a darse con la pérdida de miles de empleos en el mundo. En el Ecuador la tasa de desempleo al cierre del año 2019 alcanzo el 3.8%; a pesar de que el gobierno a emitido decretos y acuerdos ministeriales para precautelar la condición de empleo en esta crisis, esto no será sostenible en los próximos meses.
Las predicciones del efecto de esta crisis mundial para el Ecuador según la firma estadounidense GOLDMAN SACHS, señala un decrecimiento de 5,7 puntos porcentuales del PIB, lo que constituye la caída más importante en las últimas décadas, incluso mayor a la del feriado bancario en el año de 1999.
Lo preocupante de esta crisis económica es que cambia las formas en las que venía mal o bien funcionando el mercado, por un lado desincentiva al extremo el consumo de bienes no prioritarios, mientras que el consumo de los bienes prioritarios se los realiza de formas diferentes, ya que la movilidad se ve reducida no solo por las condiciones impuestas por el gobierno sino además existe un temor al contagio por la gravedad y lo desconocido de esta pandemia, escenario que ha tomado desprevenidos a la sociedad ecuatoriana en general que aún no sabe como hacerle frente.
Por su parte el gobierno se encuentra en una encrucijada respecto a la aplicación de políticas económicas efectivas, la falta de ejecución de los acuerdos con el FMI, ha provocado retrasos en los desembolsos por parte del organismo, sumado a esto el riesgo país alcanzó niveles exponenciales situándose en 6063 puntos, debido a la incertidumbre de caer en mora con los acreedores de los bonos, por la posibilidad de redireccionar estos recursos para atender la crisis sanitaria; finalmente se honro el capital de esta deuda, señalando que esto ayudaría a la gestión de un nuevo financiamiento de 2.000 millones, pero no se ha dado detalles adicionales de esta operación.
Adicionalmente, el presidente anunció algunas medidas para atender las dificultades financieras, como el incremento de las retenciones en la fuente, un cobro del 5% a los propietarios de vehículos con avalúo superior a los USD 20.000,00 y disminuir el gasto público para disponer de 2.200 millones, para las empresas el diferimiento de las obligaciones de impuesto a la Renta e IVA de los próximos meses tres meses para algunos sectores, y la asignación de un subsidio para las familias más pobres, medidas que aún resultan insuficientes para atender la problemática actual.
La crisis sanitaria se ha salido de control el porcentaje de mortalidad del virus actualmente supera el 5% de los contagiados confirmados, y los efectos económicos subyacentes se agudizarán conforme pasan los días, es importante que los hacedores de la política económica tomen decisiones para atender en primera instancia las necesidades de la salud, una asistencia social emergente para asegurar el consumo de los hogares de las clases sociales menos favorecidas, de los comerciantes que no han podido salir a trabajar por las restricciones establecidas, y de las personas en desempleo; pero además paralelamente deben encontrar alternativas para aliviar las situación financiera de las empresas, las mismas que estando paralizadas han tenido que desembolsar pagos de sueldos y salarios, la contribución única temporal (creada en la Ley de Simplificación), y en este mes deberán realizar el pago de utilidades a trabajadores, y el pago de impuesto a la renta entre las obligaciones más importantes, lo que afectará la liquidez de la mismas e incluso su estabilidad en el muy corto plazo.
Con este panorama tan complejo la alternativa urgente viene por la capacidad del gobierno de gestionar nuevos recursos (deuda) con organismos internacionales que permitan sacar de terapia intensiva las finanzas públicas, recursos que se deben destinar a las crisis de salud, a precautelar el consumo social, e insertarse en la economía con operaciones de crédito a las empresas a bajos intereses, pero además se debería tomar acciones respecto a las operaciones de comercio exterior para estimular el consumo de productos nacionales, generando restricciones a los importados, lo cual contribuiría también para precautelar la dolarización.
